Jueves 11 de Marzo de 2010 06:58

MONTEVIDEO (AFP) - La condena a 30 años de prisión contra el octogenario ex dictador uruguayo Juan Bordaberry regocijó el jueves a defensores de derechos humanos, que consideraron que el caso sienta un antecedente en los juicios por golpes de Estado en América Latina.

"Para nosotros el tema es muy emblemático, simbólico, de que cuando se viola la Constitución, cuando se da un golpe de Estado a la larga se va a pagar", dijo la abogada denunciante Hebe Martínez Burlé a la AFP.

Bordaberry, de 81 años, que cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud, tiene pendiente otro proceso como coautor de homicidio por la ejecución de cuatro uruguayos en Argentina en 1976.

La jueza Mariana Motta lo condenó en primera instancia a 30 años de prisión con la opción de prorrogar la pena a otros 15 años (esto si lo decide la Corta Suprema).

La condena -que será apelada por la defensa de Bordaberry- es por "un delito de atentado contra la Constitución, (...) con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político", según el fallo al que accedió AFP.

Esto "nos devuelve a los uruguayos lo más sagrado, que es la Constitución", dijo Martínez Burlé. "Las condenas han sido siempre por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pero nunca por dar un golpe de Estado", agregó.

Las juntas militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura (1976-1983) fueron condenadas por violaciones de los derechos humanos, mientras que el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) fue procesado por delitos de corrupción y de lesa humanidad.

Bordaberry ganó las elecciones presidenciales en Uruguay de 1971, en medio de violencia política por el accionar de la guerrilla izquierdista tupamara y la represión de las fuerzas del Estado.

Asumió el gobierno en marzo de 1972 y en junio de 1973 recurrió a las Fuerzas Armadas para disolver el Parlamento e instaurar una dictadura. Los militares lo destituyeron en 1976 y continuaron en el poder hasta 1985.

El saldo de la dictadura uruguaya fue 38 desaparecidos en Uruguay, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según la Comisión para la Paz creada en el año 2000.

Javier Miranda -hijo de Fernando Miranda, desaparecido en 1975, cuyos restos fueron hallados en 2005- dijo que la sentencia "sin duda es ejemplificante y ejemplar, y es interesante desde el punto de vista simbólico para la construcción del 'nunca más'."

"La condena tiene una función pedagógica: la sociedad no está dispuesta a tolerar golpes de Estado", afirmó Miranda, abogado de profesión e integrante de la organización 'Familiares de detenidos-desaparecidos'.

"Levantarse hoy con el festejo de los 20 años de la liberación de (Nelson) Mandela y la noticia de esta condena hace que uno diga: 'Ves que podemos seguir luchando contra el despotismo'", agregó.

El fallo también demuestra que "los caminos están abiertos pese a que sigue vigente la Ley de Caducidad", valoró.

Esa ley, ratificada en dos plebiscitos (1989 y 2009), evitó enjuiciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos pueden ser objeto de proceso.

Pese a la norma, durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión, así como el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) y ahora Bordaberry.

Jueves 11 de Marzo de 2010 06:58

Montevideo, 9 feb (EFE).- Más de 115.000 uruguayos han dejado de fumar desde que en marzo de 2006 el Gobierno prohibió el consumo de tabaco en todo tipo de locales cerrados, públicos y privados, informó hoy la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.

En los últimos años se ha registrado en Uruguay un descenso del 24 por ciento en el número de fumadores diarios, lo que supone un "triunfo" para "la incansable lucha contra el tabaco del Gobierno de Tabaré Vázquez", apuntó la ministra durante la presentación de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS) en Uruguay.

Según la encuesta, un 25 por ciento de las personas de más de 15 años consume tabaco en el país, el cual tiene una población total de unos 3,3 millones de habitantes.

El informe, llevado a cabo entre los meses de octubre y diciembre del año pasado a través de más de 5.500 entrevistas, fue diseñado por Bloomberg Philanthropies, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El estudio indica que un 48 por ciento de los fumadores uruguayos intentaron dejarlo en los últimos 12 meses, pero solo el 8 por ciento abandonó el tabaco y no fuma en la actualidad.

Asimismo, remarca que el 44,6 por ciento de los fumadores actuales ha pensado dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias que muestran las cajetillas.

La encuesta GATS es el estándar mundial para vigilar de forma sistemática el consumo de tabaco. Su objetivo es "ayudar a los países a cumplir sus obligaciones en relación al convenio marco de la OMS para el control del tabaco", indicó hoy la portavoz del proyecto Bloomberg, Kelly Hanning.

La encuesta atendía inicialmente a los países con mayor número absoluto de fumadores pero, por la "admirable determinación" del Gobierno uruguayo en ese campo, el país fue invitado a participar en la iniciativa, explicó por su parte la directora asociada del CDC, Samira Asma.

Asma aseguró que Uruguay ha demostrado su "liderazgo" en la lucha contra el tabaquismo con medidas como la que convirtió al país en el primero de América Latina en prohibir el consumo en todo espacio público cerrado y en los lugares de trabajo, en marzo de 2006.

Desde que asumió el poder en marzo de 2005, Vázquez, doctor en oncología, se convirtió en un adalid de la lucha contra el tabaco y el cáncer de pulmón.

Además de impulsar la prohibición, el gobernante al iniciar su mandato aplicó una subida del 13% a la venta de cigarrillos y, en agosto de 2008, prohibió la publicidad de tabaco y obligó a que las cajetillas dispusieran el 50% de su espacio a mostrar fotografías de los efectos del tabaco sobre la salud.

A principios de 2009 otra ley impidió el uso de palabras como "light", "mild" o "suave" en el etiquetado de los cigarrillos, mientras que a finales de año aseguró que subiría los impuestos a las empresas tabaqueras que intentaran rebajar sus precios.